AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Por | Carlo Calcagni

En pocos días se conmemoran 103 años de la movilización estudiantil que dio inicio a lo que la historia registró como Reforma Universitaria de 1918.  

Ese 15 de junio no solo fue el comienzo del movimiento estudiantil más trascendente y preponderante de América Latina sino que, además, marcó y definió para siempre aquellas banderas que marcan el rumbo de quienes militamos la educación pública hasta el día de hoy.  

 Conocer entonces este hecho es fundamental porque es allí donde nacen los principios que actualmente definen la Universidad: Educación pública, laica, de excelencia académica, gratuita y cogobernada y la lucha por la autonomía universitaria y su consagración a lo largo de todo el siglo XX. En suma, la democratización de la enseñanza universitaria.  

 Desprender el concepto de autonomía universitaria del de cogobierno es imposible: el primero es el principio que surge del movimiento estudiantil a principios del siglo pasado y, el segundo, es la estructura de gobierno propuesta para garantizar al primero mediante un sistema democrático propio, conformado por representantes de toda la comunidad académica a través de sus elecciones.  

Lo anterior no es casual, sino que fue parte de la democratización nacional de gobierno y el sufragio secreto y obligatorio que nace con la ley Sáenz Peña, ávida de cambios profundos anti-oligárquicos, y la consecuente llegada de Yrigoyen al gobierno, quien no solo fue el primer presidente electo bajo “esa ley” la ley Saenz Peña, sino que, también, fue el presidente que acompañó y apoyó la revolución que propuso la Reforma Universitaria. 

Este espíritu reformista naciente que dio paso a la autonomía universitaria y al cogobierno, logró la participación estudiantil en el órgano máximo de conducción de las facultades y universidades: ahora los y las estudiantes, junto a docentes, graduados/as y no docentes, forman parte de los Consejos Directivos de cada facultad, y del Consejo Superior de cada universidad. 
 
Sin embargo, pese al comienzo glorioso por la conquista de la autonomía, los gobiernos de facto posteriores al segundo mandato de Yrigoyen, seguidos por el primer gobierno de Perón, dieron lugar a una fuerte regresión de la creciente república universitaria en contra de todo avance sobre el autogobierno universitario. Las Universidades Nacionales protagonistas de la Reforma Universitaria (Buenos Aires, La Plata y Córdoba) junto con aquellas que iniciaron siendo provinciales y fueron nacionalizadas durante el Yrigoyenismo como la Universidad de Litoral -conocida como “hija de la reforma”- nacionalizada en 1919 y la de Túcuman en 1921, fueron intervenidas hasta 1955. 

El saldo de estas intervenciones se vio reflejado mayormente en el desplazamiento de docentes que pregonaban el pensamiento democrático y crítico hacia las dictaduras, estableciendo en sus cargos a aquellos afines al gobierno de turno, ostentando contra toda excelencia académica y libertad de cátedra. 
 
Estos actos fueron en escalada, teniendo su punto más alto en la modificación de la “Ley Avellaneda” a partir de la ley 13.031, donde se buscó disfrazar el atentado más grande sobre la democracia universitaria bajo una supuesta resignificación de la función social de la educación superior, donde las casas de estudio y su gobierno pasaban a ser dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional, en ese entonces desempeñado por Perón, y éste sería el nuevo encargado de designar a los rectores y profesores, prohibiéndose la participación y asociación política dentro de las universidades para docentes y estudiantes, quienes finalmente solo tendrían voz en la asamblea universitaria en aquellos temas que fueran de su incumbencia, pero no tendrían voto. La regresión es evidente. 
 
En paralelo al avasallamiento a las conquistas de 1918, con la reforma constitucional de 1949 se introdujeron pasajes que disponían: “… no se debe trabajar para un partido, para un sector, para un grupo, se debe trabajar para la mayor honra del pais y la felicidad de todos los argentinos.”. Un mensaje aparentemente nacionalista y apartidario, aunque la realidad fue cruelmente distinta y, al mismo tiempo que se manifestaban estas prosas en la reforma constitucional, desde el PEN se establecieron cursos de formación política, obligatorios y comunes para estudiantes de todas las facultades. El retroceso de las conquistas de la reforma iba en aumento, y era cada vez más notorio. 
 
No fue sino hasta 1955 tras una fuerte presión del movimiento universitario estudiantil, que el decreto 6.403 restituyó la autonomía universitaria y reconoció a las Universidades su poder autárquico. Se derogó la ley 13.031 y regresó la Ley Avellaneda, que reconocía como principio el hecho de que las Universidades deban tener su propio gobierno y con ello la posibilidad de modificar desde los planes de estudio hasta sus estatutos, además de administrar su patrimonio. 
 
 Aún así, los intereses del gobierno de facto seguían intactos y, ante la inminente restauración después de dos décadas de intervención, se creó un llamado a concurso masivo para renovar el plantel docente, en el que las cualidades académicas de los y las postulantes no era lo importante, sino que el concurso se circunscribía al posicionamiento político de los y las docentes durante el gobierno anterior. Una vez más, la autonomía se veía vulnerada por el gobierno de turno y sus intereses. 
 
Los años siguientes no fueron muy distintos: la legalidad de la autonomía universitaria no implicó que en los hechos fuera respetada, y así fue como en 1966, bajo una nueva dictadura, las casas de estudios volvieron a ser atacadas por creerlas “centros de influencia revolucionaria”. De ese modo, el 29 de julio de ese mismo año se reprime en la Universidad de Buenos Aires a estudiantes, docentes y graduados que decidieron ocuparlas en oposición a la intención del gobierno de facto de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno que tanto les costó alcanzar. “La noche de los bastones largos”, derivó en que más de 1300 docentes abandonaron sus cargos y la Universidad Reformista fue desmantelada. Pocos años más tarde, por si algo faltaba, se prohíbe por ley la participación estudiantil y docente en el cogobierno. 
 
En 1973 las universidades nacionales se ven intervenidas una vez más hasta 1975, año en el que, con la Ley Taiana, el cogobierno universitario es restablecido y la autonomía y la autarquía reconocidas nuevamente. Aun así, el Ejecutivo Nacional preservaba influencia sobre los planes de estudio, las investigaciones, y la composición del gobierno universitario. 
 
No obstante, y a pesar de todos los atropellos mencionados, la etapa más oscura para la comunidad universitaria no había llegado aún y estaba por venir. En 1976 toma el poder la última dictadura cívico-militar de nuestra historia, la más sangrienta y devastadora de las instituciones democráticas de nuestro país. El ámbito universitario no fue ajeno a ella: estudiantes y docentes fueron secuestrados y asesinados, muchos otros debieron renunciar y exiliarse para salvar sus vidas, se eliminó el cogobierno y las actividades gremiales y políticas, se suprimió la libertad de cátedra e incluso se eliminaron distintas carreras. Se desvió financiamiento de las Universidades Nacionales al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para debilitar el reclamo por la autonomía y las libertades académicas, ubicando a los investigadores lejos de las principales universidades.  

 Finalmente, en 1980 se sancionó la Ley Universitaria 22.207 que retrotrajo la Universidad a la época pre-reformista. 
 
Años más tarde, con el reformismo aún vivo en la juventud universitaria y con el regreso de la democracia en 1983, Raúl Alfonsín sostuvo, en su esencia restauradora, que las Universidades eran instituciones imprescindibles para consolidar la democracia. Así fue que en 1984 se sancionó la Ley 23.068 que restauró la autonomía a las universidades y reconoció nuevamente los principios de la Reforma de 1918. 
 
Pero ese no es el fin de la historia: años más tarde llegó Menem al gobierno y, producto del modelo neoliberal que se adoptó en aquel entoncesconsagró la privatización general de bienes y servicios, desmanteló el aparato productivo nacional iniciado en la dictadura, promovió la desocupación como sistema y el asentamiento hasta nuestros días de la pobreza estructural. ¿La Universidad? Se imaginarán, una vez más, no fue ajena al desengranaje estatal. A través del discurso sobre el alto costo de nuestro sistema universitario y la supuesta ineficiencia del mismo, en 1995 llegó para quedarse la Ley de Educación Superior.  
 

La sanción de esta ley anti reformista repercute hasta el día de hoy: limita al 30% la representación estudiantil en los órganos de cogobierno y vulnera la autonomía universitaria a través de la CONEAU, organismo creado por dicha ley y mantenido en la actualidad. Mediante la CONEAU, el Ejecutivo Nacional controla los planes de estudios de las facultades y los requisitos para que los títulos de grado que alcanzan los y las estudiantes al finalizar sus estudios, sean habilitantes. Es decir, que esos títulos tengan la validez suficiente para poder ejercer la profesión de la que se han recibido en Universidades Nacionales. 

 Este recorrido histórico nos lleva indefectiblemente a la conclusión de que debemos repensar el paradigma actual y particularmente la Ley de Educación Superior que aún está vigente. La Universidad necesita de una ley que reivindique los principios consagrados en la Reforma de 1918, que ratifique la gratuidad plena de la enseñanza de grado y no solo la ausencia de aranceles, que la autonomía y la autarquía de las Universidades sean plenas desde los ámbitos normativos, políticos y académicos 
 

En conclusión, la universidad pública, plural, de excelencia, no arancelada y cogobernada es la característica de la educación argentina y lo que nos permite pensar en un país con mejores oportunidades de desarrollo para todos y todas. Está en nosotros, los y las estudiantes que día a día caminamos la universidad y en la sociedad toda, velar porque los principios y las banderas de aquella Reforma, que aún un siglo después continúa identificándonos, continúen elevándose bien en alto como postulados de la democracia y los derechos humanos.  

 

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