Medio ambiente y desarrollo sustentable

El presente documento pretende profundizar la discusión acerca del medio ambiente, sobre la mega minerías a cielo abierto en nuestro a país y empezar a abordar la idea de desarrollo sustentable en contraposición al neoextractivismo impulsado por el Gobierno Nacional que tiene como cómplices y asociados a los Gobiernos Provinciales y a las multinacionales. Es fundamental que nuestra organización discuta a fondo y defina líneas de acción concretas respecto a estos temas. La cuestión medio ambiental no es un tema que debe tratarse de manera aislada o que interesa tan solo a algunos grupos, sino que es una cuestión que pertenece a toda la humanidad. Es tiempo que empecemos a mirar esta problemática con ojos más críticos y que actuemos en consecuencia, ya que, lo único que está en juego es nuestro futuro y el de las generaciones venideras.
Los malos usos del medio ambiente comienzan en gran medida luego de la Revolución Industrial, que tuvo su inicio en el siglo XVIII. En aquellos tiempos nunca se pensó en los efectos nocivos que se producirían, los recursos eran bastos. Pero con el transcurrir del tiempo hasta llegar a nuestros días el planeta nos está dando señales de su agotamiento. Como ser calentamiento global, extinción de fauna y flora, derretimiento de los casquetes polares, aumento del nivel de los océanos, desertificación, sequías agudas, desastres naturales, contaminación de suelo, agua y aire, entre tantos otros. Es decir, estamos frente a un planeta devastado, producto de nuestras actividades.
Multinacionales mineras, pasteras, embotelladoras de agua, plantas químicas, procesadoras de aluminio y tantas otras, corridas de sus países por la gran contaminación que provocan, anclan en los países pobres que tienen bajos o nulos niveles de control, en connivencia con los gobernantes de turno. Sentenciados a producir lo que dictamina el imperio de consumo mundial estos países son saqueados, contaminados y destruidos. Solo un tercio de la población mundial tiene acceso al agua potable y las mega industrias toman este recurso y lo devuelven contaminado.
La explotación desmedida de recursos desde siempre estuvo ligada al gran enriquecimiento de algunos sobre la pobreza y muerte de otros. Este tipo de injusticia, correspondió tambien al extractivismo como política identificatoria del colonialismo. Para ejemplificar e introducir sobre este tema, abordaremos el caso de las Minas de Plata en Potosí en el Perú durante la época de la colonia. Miles de hombres en su mayor parte pertenecientes a los pueblos originarios han sido aniquilados en la explotación de este mineral en manos de los españoles, debido al trabajo esclavo que realizaban, de mucha fuerza y utilizando productos nocivos para la salud. Millares han dejado su vida para que otros devastaran sus recursos y se los lleven a Europa y el resto del mundo. Lo que quedo de Potosí es un pueblo devastado, sin nada, sumido en la pobreza. Hoy día lo que sucede con las Mineras a cielo abierto en nuestro país no es una historia diferente a aquella, por más que hayan pasado cientos de años y que los resultados de aquellas prácticas sean bien conocidas, la historia se sigue repitiendo. En nuestro tiempo la pueblada de Famatina ha marcado un hito histórico en la defensa de los territorios en nuestro país y un punto de inflexión en el saqueo económico, devastación ambiental y degradación social, cultural e institucional que significa la figura extrema del extractivismo: la megaminería. Y en este sentido no ha sido menor la participación y protagonismo que tuvo nuestra organización al frente de la Federación Universitaria Argentina en la divulgación, acompañamiento y reclamo del pueblo riojano. Felizmente, hace pocos días la Justicia de Chilecito ordenó suspender el convenio entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja y la corporación mega-minera Osisko, hasta que se cumpla con la Ley de Glaciares. La coherencia y perseverancia en la lucha por la defensa de nuestra tierra y agua han rendido sus frutos, pero no obstante esta es una de las tantas contiendas que debemos asumir y no abandonar, aquella que nos invita a querer un país mejor para los que vienen; y en ese sentido unificar conceptualmente los criterios y actualizar la realidad de toda la extensión de
nuestro suelo aparece para nuestra organización como prioridad para continuar aquella lucha.
Para precisar, la megaminería se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Es una minería depredadora, ya que para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. Por estos motivos es que la gran minería se apropia de los territorios donde se desarrolla compitiendo –desproporcionamente– por los recursos con las actividades previamente establecidas. Así, las producciones agropecuarias de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad. Por su parte, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan –tan elogiada por el gobernador riojano, Luis Beder Herrera–, que a pesar de tener hace muchos años en funcionamiento algunos de los mayores emprendimientos mineros del país, la pobreza e indigencia (según datos del Indec) bajó en mucho menor proporción que en el resto del país, durante el último ciclo de crecimiento económico. En esta provincia, en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, por Veladero (la mina más grande de la provincia), aportó en el año 2009 sólo la suma de 38 millones de pesos, menos del 1% del total de ingresos totales provinciales. No existe en Latinoamérica ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, a lo sumo puede generar “crecimiento económico” (aumento del producto interno bruto), como sucede en el Perú minero, pero éste es
volátil, con escaso “derrame”, sin auténtico desarrollo para la población y una alarmante reprimarización de la economía. Paradójicamente, las transnacionales mineras tienen un método capitalista de obtener sus ganancias y un método comunista para socializar sus pasivos ambientales.
A su vez, el país padece una gravísima sequía. Los ríos de llanura ya no tienen el caudal de antes. Los glaciares se han reducido un 30% y son nuestra principal fuente de agua potable, donde nacen los sistemas hídricos que alimentan los humedales, los acuíferos subterráneos y los ríos. Vivimos la consecuencia del cambio climático y el destructivo proceso de calentamiento global del planeta. En este delicado escenario, la megaminería a cielo abierto contribuye a la reducción de los glaciares.
La ley de glaciares, tras el veto de la presidenta Cristina Fernández en 2009 al proyecto aprobado por el Congreso de la Nación, había sido aprobada en 2008 por unanimidad en ambas cámaras y establecía la protección de los glaciares y sus zonas aledañas, llamadas periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos, como las mineras, petroleras y obras de infraestructura inadecuadas. La norma determinaba, además, que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y se establecían fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La Presidenta vetó la ley y se fundamentaba en que la ley “podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas conllevando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas”, lo cual “daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. Se destacaba que “la ley no contempla que las provincias involucradas cuentan con los controles suficientes” para evaluar y autorizar las actividades de infraestructura, industriales, mineras, hidrocarburíferas, etcétera.
Nuestros recursos naturales, y muy especialmente el agua, se están tornando escasos no sólo para nuestro país, sino para la humanidad. Los glaciares cordilleranos significan el 70 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina, lo que, por lo menos, amerita que cualquier actividad que allí se desarrolle requiera un serio y profundo estudio de sus verdaderas consecuencias sobre el ambiente y un proceso de aprobación transparente.
Los efectos de la explotación de los recursos naturales exceden el marco de una provincia y se hace necesario consensuar una mirada estratégica para la Argentina no sólo sobre su uso, sino acerca de su protección actual y futura porque en ellos reside nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.
Si bien estas líneas no agotan la problemática sirven para encausar nuevamente el debate, sobre la existencia de una tendencia mundial de corregir estos errores, tal es así que el paradigma mundial de este nuevo siglo que es el desarrollo sustentable y “lo que esencialmente se busca a partir de la sustentabilidad es avanzar hacia una relación diferente entre la economía, el ambiente y la sociedad. No busca frenar el progreso ni volver a estados primitivos. Todo lo contrario. Busca precisamente fomentar un progreso pero desde un enfoque diferente y más amplio, y ahí es donde reside el verdadero desafío.”

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