La extensión de derechos civiles a distintos sectores sociales constituye para nosotros una tarea primordial en nuestra impronta militante. El compromiso con el futuro de nuestro país implica el fortalecimiento y la ampliación de la cultura cívica, marcado por la inclusión en ella de los sectores más dinámicos de nuestra sociedad. La posibilidad de votar a partir de los 16 años constituye un avance para nuestra democracia. La extensión del derecho al sufragio a una franja de la sociedad que, entendemos, es parte fundamental en la construcción del futuro inmediato debe tener por objeto formar una juventud con conciencia cívica que se haga eco de las demandas sociales, económicas y políticas planteadas como desafíos del futuro próximo.

Lejos de pensar que nuestra juventud “no está preparada”, sostenemos de manera firme que esta extensión permite a los jóvenes no solamente planificar un futuro próspero y con desarrollo en el ámbito personal, sino también incorporar los valores de la participación política y el compromiso con las instituciones. Planteadas las cuestiones de fondo, es nuestra obligación llamar la atención de ciudadanía y dejar en claro que la clase política se debe debates más urgentes sobre problemas que están a la orden del día; incluso en el ámbito juvenil. La primera vivienda, el primer empleo, el aborto, la cuestión educativa, etc. demandan la urgente atención de un Estado que anuncia mucho, pero se ve contrastado a diario por la misma realidad que lo delata cuando pone de manifiesto el deterioro del tejido social. ¿No es un debate urgente? es verdad. ¿Es una especulación electoral? es cierto. ¿El gobierno no puede resolver el problema de la sucesión? claramente. ¿Sus estrategas piensan que ampliando el padrón estarán más cerca de perpetuarse? tal vez. Lo que aquí no podemos poner en debate es que se trata de reconocer un derecho a una gran cantidad de jóvenes de 16 y 17 años. Lo que tampoco podemos obviar es que se trata de un gobierno que desde hace una década sistemáticamente le ha dado al país una “No Política de Juventud”. En Latinoamérica y el mundo, la mayoría de los países tienen una Ley Nacional de Juventud que reconoce derechos, establece obligaciones y contempla a los jóvenes como un sector social con dinámica, intereses y motivaciones propias. Algunos de estos países tienen incluso un Ministerio de Juventud. En Argentina, no. Las mayorías kirchneristas han estado bien dispuestas a sancionar una Ley Antiterrorista, pero la disciplina del bloque oficial – y de sus 10 diputados/soldados jóvenes con mutismo escénico-, frenó cualquier iniciativa para darle a la juventud una ley que la proteja, le reconozca derechos y le cree obligaciones. En los países con mejor calidad de vida, allí donde ser joven es sinónimo de oportunidad y no de karma, los chicos de 16 y 17 años estudian o empiezan su camino en el mundo del trabajo. En Argentina, no. 50 de cada 100 chicos que empieza el secundario, se caen del sistema en el camino y pierden visibilidad. En Argentina, hay 900.000 chicos que tienen entre 15 y 25 años que no estudian ni trabajan, y que probablemente ni siquiera escuchen hablar del “modelo de crecimiento con inclusión y matriz diversificada” Cualquier modelo de país que se pretenda sustentable en el futuro, incluye en el presente. Y lo hace desde las nuevas generaciones. La juventud no es una prioridad para el kirchnerismo. Sí lo es el 2013. Es por ello que la Franja Morada toman el guante. Viene sucio, viciado y con una mirada de corto plazo. Pero viene. Queremos que los jóvenes voten, esencialmente porque es una forma de obligarnos desde la política a interesarlos y vincularlos, a escucharlos y contenerlos, y porque con más participación, más se fortalece la democracia. Pero queremos que este gobierno ponga la cara y reconozca que desde hace 9 años se ocupa de destruir ciudadanía para crear una votadora.

Extender derechos políticos mientras se mantienen frágiles los derechos sociales y laborales de los jóvenes, es crear una ciudadanía precaria. Esa ciudadanía no se fortalece cerrando el paso a la participación, sino dándole calidad y sustento. La Mesa Nacional de la Franja Morada y el Comité Nacional de la Juventud Radical se expresan a favor del derecho al voto de los chicos de 16 y 17 años. Es un primer paso necesario para crear esa ciudadanía comprometida y exigente a la que en la Rosada le tienen miedo. El futuro llegó y no le tenemos miedo.

FRANJA MORADA
Instamos también a implementar y profundizar las políticas públicas con relación a la prevención de las adicciones y el tratamiento de las mismas. En esta dirección reclamamos que las administraciones tanto nacional como provinciales incluyan en sus agendas de gobierno prestar los servicios de atención tanto de internaciones como de formas ambulatorias, desarrollando un plan nacional de adicciones. En esto también contemplar el acceso a dichos tratamientos de quienes se encuentran privados de la libertad. A su vez el Estado debe hacer hincapié en campañas de información y concientización sobre los alcances de esta futura ley y también sobre las consecuencias del abuso de todo tipo de sustancias.
Celebramos también las iniciativas legislativas que también contemplan el atenuar las penalidades al microtráfico, más bien conocido como mulitas. Esto porque tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes son el último eslabón de la cadena de tráfico de estupefacientes.
Por otro lado estas iniciativas deben abarcar también la comercialización de precursores químicos, que son absolutamente necesarios en el proceso de elaboración de sustancias prohibidas, cuyo control hoy es exiguo. La Argentina necesita avanzar en la radarización del territorio empezando por nuestras fronteras. La falta de iniciativa por parte del Ejecutivo Nacional en esta materia no nos deja opción más que considerarlos participes necesarios del narcotráfico en la región.
En particular con respecto a la marihuana estimamos que debe ser diferenciada de las demás sustancias psicoactivas. Al no generar una adicción física el negocio de esta solo se justifica mientras sea ilegal. Por lo tanto uno de los caminos posibles es la legalización de la canabis sativa
Entonces avancemos en reconocer y respetar garantías individuales, fortaleciendo y ampliando el piso de Derechos en nuestro país.