LEY DE ENFITEUSIS: el origen de la deuda externa y la concentración de la tierra.

Por: Augusto Caviglioni

El pasado 18 de mayo se cumplieron 195 años de la sanción de la Ley de Enfiteusis, promulgada durante el gobierno de Bernardino Rivadavia. Empero, para remitirnos y recordar las consecuencias de aquella ley tenemos que retroceder algunos años.  

El 9 de Julio de 1816 las Provincias Unidas del Rio de La Plata declaraban su independencia ante todos los Estados del mundo. Fue una época de gloria, tanto para los criollos habitantes de nuestro suelo, como para los incipientes Imperios del siglo XIX. La ya avanzada Revolución Industrial y el desarrollo en materia de productividad que trajo para la mayoría de los países europeos y Estados Unidos sentenciaron, por un lado, un progreso inusitado de los países del primer mundo y, por el otro, la irrupción en la escena mundial de un nuevo modelo de dominación y dependencia.  

El modus operandi por parte de la hegemonía mundial era claro: a partir de una supuesta independencia política – muchas veces impulsada por estas mismas hegemonías-, generar una fuerte dependencia económica para imponer su modelo productivo a escala mundial, repartiendo roles que traían como consecuencia una clara limitación en la soberanía de cada país. Asimismo, las clases altas locales desarrollaron una relación simbiótica con las potencias extranjeras: cada uno favorecía y bregaba por los intereses del otro, perpetuando las condiciones de dependencia y de mutuo beneficio. Arturo Illia lo expresó en una frase que debemos recordar y repetir todos los días: “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender». 

Es en esa misma época que el naciente Estado Argentino negociaba con los hermanos Baring– poderosos y multimillonarios banqueros ingleses que se dedicaban a hacer préstamos a los nuevos Estados- un jugoso préstamo que iba a fortalecer las arcas nacionales para invertir en obras públicas y apostar al desarrollo y modernización de nuestro país. La creación de puertos, la instalación de vías férreas y ferrocarriles, la realización de obras de agua corriente, el establecimiento de pueblos en la frontera con “el indio” y la fundación de tres ciudades sobre la costa -entre la Capital y el pueblo de Patagones- eran el objetivo de la toma del crédito.  

Sin embargo, el empréstito tomado por el gobierno rivadaviano fue una total estafa: algunos ingleses que intervinieron en la negociación admitieron el carácter fraudulento de la misma, condenando los aspectos delictuosos del acuerdo. Fue una operación usurera, un acto de saqueo y sumisión y el primer acto de corrupción ligado a la deuda externa. Según Scalabrini Ortiz, de la suma recibida, sólo llegaron al Río de la Plata en oro, como estaba convenido, el 4% de lo pactado, es decir, 20.678 libras. Además, y principalmente, como garantía del préstamo se hipotecaron todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su enajenación en toda la Nación.. 

 Ante esta situación y frente a  la imposibilidad por parte del Estado de traspasar tierras fiscales, se sancionó la Ley de Enfiteusis el 18 de Mayo de 1826. En la teoría, aparecía como una oportunidad real de repartir equitativamente a particulares las tierras fiscales pertenecientes al Estado para que puedan hacerlas productivas, aunque sin la posibilidad de que puedan adquirirlas como parte de su propiedad. En la práctica, supuso el origen de la concentración de la tierra y el origen de los grandes latifundios en nuestro país.  

El propósito era distribuir equitativamente la tierra a particulares para que puedan ejercer su uso y goce – fundamentalmente a pequeños comerciantes, productores rurales e inmigrantes que empezaban a llegar a nuestro país a partir de la independencia de España- a cambio de un canon anual que, dependiendo de la actividad (ganadería o agricultura) rondaban entre un 4% y 8% de la renta. La idea de democratizar el acceso a las tierras productivas era prometedora para un crecimiento de la hasta entonces inexistente clase media y un fortalecimiento del mercado interno. 

 La ley establecía una cesión de las tierras por un plazo prolongado, pero en el cual la administración debía auditar y controlar que las tierras efectivamente estén siendo productivas y que no hayan sido enajenadas a otro enfiteuta, por ejemplo. También consagraba que “el valor de la tierra seria graduado en términos equitativos por un jury de 5 propietarios de los más inmediatos”, es decir, que vecinos o propietarios de campos lindantes, muchas veces conocidos o amigos de los propios interesados y postulantes a adquirir tierras mediante la Enfiteusis, iban a ser quienes tasaran dichos territorios fiscales. El espíritu de este artículo legal no fue respetado, sino que abrió camino para que la oligarquía propulsora de la Ley tasara a su conveniencia el valor de las tierras.  

La Ley de Enfiteusis trajo resultados totalmente contrapuestos a los objetivos iniciales. Carlos Nino subraya en su libro “Un país al margen de la Ley” que la mala implementación de la ley fue consecuencia de la nula capacidad del Estado Argentino de llevar a cabo una administración eficiente de las tierras fiscales y debido a que todas las energías estaban enfocadas en el ya instalado conflicto entre unitarios y federales. La deficiente administración y la coyuntura bélica hicieron que, en muchas ocasiones, sino en todas, los enfiteutas obtuvieran un mayor número de parcelas de los que la misma ley establecía como límite. Esto, sumado al amiguismo político y la corrupción, produjo la entrega de grandes extensiones de tierra a familias tradicionales del país, sin la rendición de cuentas y mucho menos el pago del canon anual que establecía el plexo normativo. Se calcula que durante el período de 1822 a 1830 tan solo 538 propietarios concentraron 8.600.000 hectáreas de tierra. 
 

En 1828, la oligarquía terrateniente porteña -que para ese entonces pisaba fuerte en la legislatura -, propuso una reforma de los principales artículos de tinte progresista y que establecían un justo acceso a la tierra de la Ley de Enfiteusis. Los terratenientes que participaban en los recintos y debates del Congreso apostaron a reformar la cláusula de la ley que prohibía a los enfiteutas adquirir nuevas tierras, limitando así el derecho de propiedad. Lejos de detener su ambición, años más tarde, la misma aristocracia terrateniente era la que negociaba con Juan Manuel de Rosas. 

 El flamante gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien supo por un tiempo prolongado ostentar de manera obscena la suma del poder público, modificó la Ley en 1837 para beneficio de los enfiteutas poseedores: una vez transcurrido el plazo de 10 años, los enfiteutas debían duplicar el canon anual o dejar de ejercer la tenencia de las tierras y devolverlas al fisco. Como era de esperar, esta cláusula se modificó. El Gobernador no solo que no les exigió la devolución de las tierras, sino que transfirió 1427 leguas a 253 adquirientes. En la lista de los compradores se repiten los mismos nombres que la de los enfiteutas, tradicionales apellidos de la aristocracia porteña.  

De esta manera, poco a poco y mediante paulatinas pero incesantes modificaciones de la ley, empezaba la concentración latifundista en nuestro país, impidiendo a miles el acceso a la tierra y permitiendo que unos pocos se adueñen de las áreas más productivas y ricas del mundo.  

El latrocinio que se produjo en aquella época todavía repercute hoy en día: según el Registro de Tierras Rurales, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Sin duda, para tratar de entender la desigualdad angustiante de nuestros días tenemos que indefectiblemente revisar y retrotraernos a la historia de un país que pudo haber tenido un futuro mejor. 

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